El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva al regresar al cargo que obliga a las cárceles federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres y prohíbe tratamientos médicos para la transición de género. Esta decisión es parte de una medida más amplia que limita el reconocimiento del género únicamente al sexo asignado al nacer.
Impacto en prisiones e inmigración
La nueva política también afecta a las personas detenidas en centros de inmigración. Según el documento titulado “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, la medida busca proteger la seguridad y el bienestar de las mujeres al centrarse en su sexo biológico.
Sin embargo, grupos defensores de los derechos transgénero han mostrado su preocupación. Shannon Minter, abogada del National Center for Lesbian Rights, advirtió:
“Esto incrementará los casos de abuso sexual y agresiones físicas”.
Además, mencionó que los funcionarios penitenciarios pierden flexibilidad para tomar decisiones según las necesidades de cada caso.
Posibles impugnaciones legales
Expertos legales creen que esta orden podría enfrentar desafíos en los tribunales. En 2022, un juez federal en Illinois dictaminó que negar cirugía de reasignación de género violaba la Octava Enmienda, que protege contra tratos crueles.
Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, señaló que incluso en prisión, las personas tienen derechos constitucionales:
“Las protecciones constitucionales siguen vigentes, incluso para personas encarceladas”.
Datos sobre la población trans en cárceles
Según el Buró de Prisiones, aproximadamente 1,500 mujeres transgénero están en cárceles federales, lo que equivale al 15% de las mujeres encarceladas. Por otro lado, hay 750 hombres transgénero en esas mismas instalaciones.
El Williams Institute señala que aunque las personas trans representan menos del 1% de los adultos en Estados Unidos, enfrentan más discriminación y dificultades económicas, lo que las expone más al sistema de justicia penal.
Prohibición de tratamientos médicos
La orden ejecutiva también prohíbe usar fondos federales para tratamientos médicos como terapia hormonal o cirugías de transición. La Asociación Médica Estadounidense considera estos tratamientos esenciales para tratar la disforia de género, una condición médica reconocida.
Jasmine Tasaki, directora de Black and Pink, explicó los efectos negativos de esta decisión:
“Quitar tratamientos hormonales puede causar una profunda depresión. Para las mujeres trans, perder características físicas adquiridas puede ser devastador”.
Tasaki también criticó el uso del aislamiento para proteger a las personas trans, señalando que afecta gravemente su salud mental.
Preocupación entre activistas y reclusas
La vulnerabilidad de las personas trans en prisión fue reconocida por la Corte Suprema en 1994 en el caso Farmer v. Brennan, donde se determinó que el gobierno debe proteger a los reclusos de la violencia.
Dee Farmer, demandante de ese caso, comentó:
“Ayer recibí tres llamadas de pánico de mujeres trans que temen por lo que les va a pasar”.
Próximos pasos legales
La orden también modificará la aplicación del Prison Rape Elimination Act, que considera el estatus transgénero como un factor de riesgo en el alojamiento. Mientras tanto, grupos LGBTQ ya planean demandas para intentar bloquear estas medidas.
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